Wissenswertes

Untersuchungsrichterin will Ex-Regionalpräsidenten Mazón (PP) anklagen.

Der tödlichen DANA-Flutkatastrophe am 29.-30.10.24 in der Provinz Valencia fielen 230 Menschen zum Opfer. 104 davon waren über 70 Jahre alt. Etwa 60 % der Opfer starben in Gebäuden, insbesondere im Erdgeschoss ihrer Häuser, im Unterführungen und Kellern, in Tiefgaragen und Parkhäusern, als plötzlich auftretende Sturzfluten ganze Viertel innerhalb kurzer Zeit überfluteten.

Besonders viele Todesfälle gab es zwischen 17:00 und 20:00 Uhr. Bevor die Regionalregierung der Provinz Valencia um 20:11 Uhr per Mobiltelefon ihre erste offizielle, unvollkommene Warnmeldung abschickte, waren bereits 84% der Opfer verstorben.

Der valencianische Regionalpräsident Mazón saß währenddessen von 14:45 Uhr bis angeblich 18:45 Uhr bei einem „Arbeitsessen“ mit der Journalistin Maribel Vilaplana in einem Nobelrestaurant in Valencia. Danach will er die Journalistin zum Parkplatz begleitet haben. Wo er sich danach aufhielt, ist immer noch nicht völlig geklärt. Im Notfallkomittee CECOPI traf er jedenfalls erst um 20:28 Uhr (nach der ersten Handywarnung) ein.

Dem Notfallzentrum, geleitet von der Ministerin für Justiz und Inneres (zuständig für den Bereich des Katastrophenschutzes) Salomé Pradas (PP), lagen schon frühzeitig meteorologische und hydrologische Informationen über die Schwere der Katastrophe vor, und die Möglichkeit einer Handywarnung war bereits um etwa 17:00 Uhr angesprochen worden.

Am 24. 02.26 legte Untersuchungsrichterin Nuria Ruiz Tobarra jetzt dem Obersten Gerichtshof Valencias einen 109-seitigen Bericht vor, in dem sie beantragt, die parlamentarische Immunität Mazóns aufzuheben, um ihn anklagen zu können. Mazón war am 03.11.2025, kurz nach dem Jahrestag der Katastrophe, nach anhaltenden Protesten der Opferverbände als Ministerpräsident zurückgetreten, hält aber bis heute seinen Abgeordnetenmandat aufrecht.

Aus dem Bericht: „Die Schwere der Fahrlässigkeit, das Unterlassen der Pflicht, die verschiedenen Einrichtungen der autonomen Verwaltung in einem Notfall zu koordinieren – der stets in der Zuständigkeit der autonomen Verwaltung lag – ergaben sich aus verschiedenen Informationsquellen, die den Präsidenten zum Handeln verpflichteten. Seine vollkommen passive Anwesenheit über nahezu fünf Stunden hinweg in einem separaten Raum eines Restaurants würde eine mutmaßliche grobe Fahrlässigkeit mit schwerwiegenden tödlichen Folgen belegen: 230 Todesopfer, zu denen noch die Verletzten hinzukommen“, heißt es in der Darstellung. Die fehlende Koordination zwischen den Ministerien der Regionalregierung belege die „äußerst schwerwiegende und fahrlässige Passivität (Mazóns), der die Funktionen bei der Bewältigung des Notfalls hätte übernehmen können und müssen“. Als der Präsident im Notfallzentrum eintraf, hatte sich das „tödliche und verletzende Ergebnis“ bereits „praktisch vollständig“ ereignet. „Das Ausbleiben von Maßnahmen zur Warnung und zum Schutz der Bevölkerung war der entscheidende Faktor für die hohe Zahl der Todesopfer während der DANA vom 29. Oktober 2024“. Die Ermittlungsrichterin schreibt Mazón vorläufig ein mutmaßliches Verbrechen der fahrlässigen Tötung mit erheblicher Schwere infolge von „unterlassenen Handlungen“ und einer „Kette von Fahrlässigkeit“ vor.

  Tras 5 semanas de huelga indefinida, la huelga ha sido suspendida, pero no finalizada

El 25 de mayo de 2026, El Paísescribió: «La actual huelga indefinida del profesorado valenciano constituye un hito sin precedentes en la historia reciente. En el sistema educativo valenciano no se producía una movilización de esta magnitud desde hace casi cuarenta años, y ello a pesar del progresivo abandono y privatización que ha sufrido la escuela pública durante las últimas décadas».

El 11 de mayo, los sindicatos iniciaron una huelga indefinida en los centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (desde los 3 años hasta Bachillerato), acompañada de innumerables acciones de protesta para reivindicar sus demandas.
Tras cinco semanas de huelga y once rondas de negociación, el 9 de junio la Conselleria de Educación presentó una propuesta con un coste total de 3.340 millones de euros, que fue rechazada por los sindicatos por considerarla insuficiente. A partir del 11 de junio la huelga fue suspendida, aunque podría reanudarse en septiembre en función de la evolución de las negociaciones.

(Claus Seitz y Nicola Reichert)

En la siguiente entrevista se muestra la situación de la huelga a través del ejemplo de un colegio público de Valencia. En España, los colegios de Educación Primaria incluyen también los cursos de Educación Infantil (a partir de los 3 años e incluso algunos con aula para niños de 2 años) y los seis cursos de Primaria. 

La entrevista fue realizada el 11 de junio por Nicola Reichert a Fernando López, secretario del CEIP Ballester Fandos de Valencia y miembro de STEPV (Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià).

¿Han secundado la huelga todos los docentes de este centro?

Una mayoría, aproximadamente entre el 65 % y el 70 % durante la 1ª semana. En las siguientes, poco a poco, ha ido bajando ese porcentaje.

¿Cómo se organizó para que el alumnado pudiera seguir asistiendo al colegio?

La administración estableció unos servicios mínimos. En nuestro caso, debía haber al menos un docente en Educación Infantil y dos en Primaria, además de un miembro del equipo directivo (director, jefe de estudios o secretario). Es el mínimo absoluto que exige la ley.

¿Cuáles son vuestras principales reivindicaciones?

Por un lado, están las tareas administrativas: elaborar documentos, rellenar formularios, realizar trámites burocráticos. Por ejemplo, ahora se están gestionando las ayudas de comedor para el alumnado. En los centros grandes existe personal administrativo para ello. Nosotros somos docentes. Yo soy secretario, pero nadie me ha formado para desempeñar tareas burocráticas.

Exigimos que se simplifiquen los procedimientos administrativos. Si no hay recursos para contratar más personal, al menos deberían simplificarse los procesos. Muchas tareas debemos realizarlas dos, tres o incluso cuatro veces. Con la tecnología actual sería posible simplificarlas y facilitar los trámites con la administración. Esa es una de nuestras principales reivindicaciones.

¿Ha respondido la Conselleria de Educación a esta demanda?

Sí. Ha dicho que estudiará la cuestión y verá cómo simplificar los procedimientos. Su intención es hacerlo durante el curso 2026-2027.

¿Y la segunda reivindicación?

La segunda reivindicación se refiere a la inclusión. La inclusión significa que los niños y niñas con necesidades educativas especiales obtienen, según demuestran los estudios, mejores resultados cuando son escolarizados junto con el resto del alumnado en centros ordinarios. Antes existían centros específicos de educación especial. Se ha comprobado que es mejor integrar a estos estudiantes en los centros ordinarios.

Pero para ello necesitamos más recursos personales y que las bajas del profesorado se cubran com más celeridad.

Necesitamos más profesorado y más financiación, porque hay alumnado con necesidades específicas que requiere materiales especiales. Estos materiales cuestan dinero. Algunos necesitan dispositivos de comunicación que pueden costar 300 o 400 euros. Otros necesitan una tableta u otro dispositivo digital especializado. Por eso reclamamos más recursos humanos y económicos.

¿Hay alumnado con necesidades especiales en este centro?

Sí. Tenemos alumnado con autismo (TDA), con TDAH y también un alumno con discapacidad auditiva que lleva implantes cocleares.

¿Ha aceptado la Conselleria vuestras reivindicaciones?

Sí, se ha comprometido a crear 135 nuevas plazas. Consideramos que, si ahora se garantizan 135 plazas, al menos es un comienzo.

Hay alumnado con necesidades muy elevadas de apoyo. ¿Se puede decidir quién accede y quién no?

Tras la evaluación de especialistas, la decisión final corresponde a la inspección educativa. En principio, siempre que exista la posibilidad de escolarizar a un niño o niña en un centro ordinario, debe hacerse así.

En nuestro centro contamos con dos docentes de Pedagogía Terapéutica, especialistas en este tipo de alumnado. Además, disponemos de una especialista en Audición y Lenguaje para atender a estudiantes con dificultades lingüísticas. El próximo curso seguiremos teniendo dos docentes de Pedagogía Terapéutica y una jornada y media de Audición y Lenguaje, porque recibiremos dos alumnos sordos con una necesidad muy elevada de apoyo en el ámbito del lenguaje.

La tercera reivindicación se refiere a las infraestructuras: tamaño de las aulas, equipamiento de las clases y del centro en general.

En nuestro caso, el tamaño de las aulas es adecuado. Este colegio es antiguo, y los centros antiguos suelen tener aulas más amplias. Los nuevos suelen disponer de espacios más pequeños. En ese aspecto no podemos quejarnos, aunque apoyamos la reivindicación de manera general.

Este centro fue construido en 1961 y apenas ha sido renovado. Por ejemplo, los aseos están en muy mal estado, son muy antiguos y están deteriorados. Llevamos años reclamando que se reparen, pero no se hace nada.

En septiembre, a una profesora se le cayó una cisterna del inodoro sobre el hombro. Si le hubiera caído en la cabeza, podría haber muerto. Ese es el tipo de problemas de infraestructura que sufrimos. También es necesario renovar suelos, rehabilitar el gimnasio, reparar el patio escolar, que presenta numerosos agujeros e irregularidades y entrar de lleno en mejorar la climatización de los centros. Todo ello supone un peligro.

¿Y qué ha dicho la administración sobre las infraestructuras?

Respecto a los centros antiguos, han anunciado que quieren destinar un presupuesto para reformas. Sin embargo, ayer se publicó una lista de centros que serán renovados y nosotros no aparecemos en ella.

Aun así, parece que realmente quieren empezar a actuar. Para los centros nuevos existía anteriormente, bajo el gobierno de izquierdas, un programa denominado «Edificant», destinado a la construcción de nuevos centros educativos. Cuando llegó el nuevo gobierno, el programa se paralizó. Ahora han dicho que estudiarán la posibilidad de reactivarlo.

La cuarta reivindicación se refiere a la ratio de alumnado por aula. ¿Cuál es la situación actual?

Actualmente hay 25 alumnos por aula en Primaria. Se ha planteado reducir la cifra a 22.

En Secundaria la ratio es de 30 alumnos por aula y podría reducirse a 25.

En Bachillerato se mantendría la ratio actual de 30 estudiantes.

¿Han dicho que van a aplicar esas reducciones?

Sí. Han afirmado que pretenden alcanzar esas ratios más bajas antes del curso 2029-2030. Es un plan previsto para los próximos cuatro años. Sin embargo, nadie sabe si seguirán gobernando después de las próximas elecciones autonómicas.

Quinta reivindicación: el salario. ¿Qué reclaman los sindicatos?

Reclamamos un incremento de 500 euros mensuales.

¿En qué periodo de tiempo?

A lo largo de varios años. Sin embargo, la administración educativa solo ha ofrecido 200 euros. Y precisamente eso es lo que han firmado dos sindicatos: 200 euros repartidos en tres años. Pero es una trampa.

¿Por qué?

Porque esos 200 euros se distribuyen de la siguiente manera: 75 euros el primer año, 75 el segundo y 50 el tercero. Además, sin actualización conforme a la inflación.

Nosotros dijimos que, si el incremento era de 75 euros, debía contemplarse también la inflación. Pero no se aceptó. Al final, el aumento real es muy pequeño. Muy, muy pequeño. Llevamos 19 años sin una subida salarial.

¿En Valencia o en toda España?

No, en la Comunidad Valenciana. A nivel estatal se producen pequeñas subidas cada cierto tiempo, pero el complemento salarial específico de la Comunidad Valenciana lleva 19 años congelado.

La administración intenta siempre poner este asunto en primer plano para que la opinión pública piense que solo nos preocupa el dinero. Pretenden enfrentarnos a la ciudadanía. Por supuesto que el dinero es importante: el alquiler, la hipoteca, la alimentación o el combustible cuestan dinero. Pero no se trata solo de eso. También se trata de todas las demás reivindicaciones que hemos explicado.

Otra reivindicación se refiere al reconocimiento de la importancia de la lengua valenciana. ¿Qué se ha ofrecido?

Nada. Todo permanece igual.

El gobierno aprobó una ley denominada «Libertad Educativa». Les gusta mucho utilizar la palabra «libertad». Según esta ley, las familias deben decidir en qué lengua serán escolarizados sus hijos. Nosotros pensamos que esa decisión debería corresponder a los profesionales de la educación.

Muchas familias no comprenden todas las consecuencias de esa elección. Los docentes creemos que cuantas más lenguas se conozcan, mejor. Cuanta más cultura, mejor.

Con un reparto equilibrado del 50 % en castellano y 50 % en valenciano, el alumnado podría llegar a ser trilingüe: castellano, valenciano e inglés.

El 12 de junio de 2026 los sindicatos STEPV, CCOO y UGT sometieron a votación de sus afiliados el acuerdo global presentado por el gobierno autonómico.

Sí. En un solo día, 30.000 docentes —aproximadamente entre el 70 % y el 75 % del profesorado organizado sindicalmente— respondieron a un cuestionario. El 87 % manifestó su desacuerdo con el acuerdo.

En la Comunidad Valenciana hay alrededor de 78.000 docentes en las etapas de Primaria y Secundaria. Por tanto, se trató de una muestra bastante representativa.

La decisión mayoritaria fue suspender temporalmente la huelga.

¿Qué esperáis conseguir con esta suspensión temporal?

La huelga está suspendida, no finalizada. En septiembre y octubre comprobaremos si el gobierno cumple lo que ha prometido hasta ahora y si se acerca a nuestras reivindicaciones salariales.
Creo que aumentarán su oferta. Las elecciones autonómicas de mayo de 2027 están cada vez más cerca y eso incrementa la presión sobre ellos. Muchos docentes probablemente votan a esos partidos, y los políticos suelen reaccionar con mucha sensibilidad a las encuestas. Si observan que están perdiendo apoyo, ofrecerán más concesiones.

 Nach fünf Wochen unbefristeten Streiks wurde der Streik ausgesetzt, aber nicht beendet

Am 25. Mai 2026 schrieb El País: „Der derzeitige unbefristete Streik der Lehrkräfte in Valencia stellt einen beispiellosen Meilenstein in der jüngeren Geschichte dar. Im valencianischen Bildungssystem hat es seit fast vierzig Jahren keine Mobilisierung dieses Ausmaßes mehr gegeben – und das trotz der fortschreitenden Vernachlässigung und Privatisierung, unter der die öffentliche Schule in den vergangenen Jahrzehnten gelitten hat.“

Am 11. Mai begannen die Gewerkschaften einen unbefristeten Streik an den öffentlichen Schulen, begleitet von zahlreichen Protestaktionen zur Durchsetzung ihrer Forderungen. Nach fünf Streikwochen und elf Verhandlungsrunden legte das Bildungsministerium am 9. Juni einen Vorschlag mit einem Gesamtvolumen von 3,34 Milliarden Euro vor. Die Gewerkschaften lehnten diesen jedoch als unzureichend ab. Seit dem 11. Juni wurde der Streik ausgesetzt, könnte jedoch im September – abhängig vom Verlauf der Verhandlungen – wiederaufgenommen werden.

(Claus Seitz, Nicola Reichert)

Im folgenden Interview wird die Situation des Streiks am Beispiel des Zentrums für Vorschul- und Grundschulbildung „CEIP Ballester Fandos“ in Valencia, dargestellt, eine öffentliche Schule, die Kinder von etwa 3 bis 12 Jahren unterrichtet (3 Jahre Vorschule, 6 Jahre Grundschule). 

Das Interview wurde am 11. Juni von Nicola Reichert mit Fernando López geführt, dem Sekretär der Schule und Mitglied der Lehrergewerkschaft STEPV (Gewerkschaft der Beschäftigten im Bildungswesen der Region Valencia).

Haben sich alle Lehrkräfte Ihrer Schule am Streik beteiligt?

Die Mehrheit – in der ersten Woche etwa zwischen 65 und 70 Prozent. In den darauffolgenden Wochen ist dieser Anteil nach und nach zurückgegangen.

Wie wurde sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler weiterhin die Schule besuchen konnten?

Die Verwaltung legte einen Mindestbetrieb fest. In unserem Fall musste mindestens eine Lehrkraft im Vorschulbereich und zwei Lehrkräfte in der Grundschule anwesend sein sowie ein Mitglied der Schulleitung (Schulleiter, stellvertretender Schulleiter oder Schulsekretär). Das ist das gesetzlich vorgeschriebene absolute Minimum.

Was sind Ihre wichtigsten Forderungen?

Zum einen geht es um den Verwaltungsaufwand: Dokumente erstellen, Formulare ausfüllen und bürokratische Verfahren erledigen. Zurzeit bearbeiten wir beispielsweise die Anträge auf Zuschüsse für das Schulessen. An großen Schulen gibt es dafür Verwaltungspersonal. Wir hingegen sind Lehrkräfte. Ich bin zwar Schulsekretär, aber niemand hat mich dafür ausgebildet, bürokratische Aufgaben zu übernehmen. Wir fordern eine Vereinfachung der Verwaltungsverfahren. Wenn keine Mittel vorhanden sind, um zusätzliches Personal einzustellen, sollten zumindest die Abläufe vereinfacht werden. Viele Aufgaben müssen wir zwei-, drei- oder sogar viermal erledigen. Mit der heutigen Technik wäre es problemlos möglich, diese Verfahren zu vereinfachen und den Kontakt mit der Verwaltung zu erleichtern. Das ist eine unserer wichtigsten Forderungen.

Hat das Bildungsministerium darauf reagiert?

Ja. Es hat erklärt, dass die Angelegenheit geprüft und nach Möglichkeiten gesucht werden soll, die Verwaltungsverfahren zu vereinfachen. Dies soll im Schuljahr 2026/2027 umgesetzt werden.

Und die zweite Forderung?

Die zweite Forderung betrifft die Inklusion. Inklusion bedeutet, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf – wie Studien zeigen – bessere Lernergebnisse erzielen, wenn sie gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern an Regelschulen unterrichtet werden. Früher gab es spezielle Förderschulen. Inzwischen hat sich gezeigt, dass die Integration dieser Kinder in Regelschulen die bessere Lösung ist. Dafür benötigen wir jedoch mehr Personal sowie eine schnellere Vertretung erkrankter Lehrkräfte. Wir brauchen mehr Lehrkräfte und eine bessere Finanzierung, denn viele Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf benötigen spezielle Materialien. Diese sind kostspielig. Manche benötigen Kommunikationshilfen, die 300 oder 400 Euro kosten können. Andere brauchen Tablets oder andere spezielle digitale Geräte.Deshalb fordern wir mehr personelle und finanzielle Ressourcen.

Gibt es an Ihrer Schule Kinder mit besonderem Förderbedarf?

Ja. Wir haben Schülerinnen und Schüler mit Autismus, mit ADHS sowie einen Schüler mit einer Hörbehinderung, der Cochlea-Implantate trägt.

Hat das Bildungsministerium Ihre Forderungen akzeptiert?

Ja. Es hat sich verpflichtet, 135 neue Stellen zu schaffen. Wir sind der Ansicht, dass die Zusage von 135 zusätzlichen Stellen zumindest ein Anfang ist. 

Es gibt Schülerinnen und Schüler mit einem sehr hohen Unterstützungsbedarf. Kann entschieden werden, wer aufgenommen wird und wer nicht? 

Nach der Begutachtung durch Fachleute trifft letztlich die Schulaufsicht die Entscheidung. Grundsätzlich gilt: Wenn die Möglichkeit besteht, ein Kind an einer Regelschule zu beschulen, sollte dies auch geschehen. An unserer Schule verfügen wir über zwei Lehrkräfte für Sonderpädagogik, die auf die Förderung dieser Schülerinnen und Schüler spezialisiert sind. Darüber hinaus haben wir eine Fachkraft für Hör- und Sprachförderung, die Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten betreut. Im kommenden Schuljahr werden wir weiterhin zwei Sonderpädagoginnen bzw. Sonderpädagogen sowie eineinhalb Stellen für Hör- und Sprachförderung haben, da wir zwei gehörlose Schülerinnen oder Schüler mit einem besonders hohen Unterstützungsbedarf im sprachlichen Bereich aufnehmen werden.

Die dritte Forderung betrifft die Infrastruktur: die Größe der Klassenräume, ihre Ausstattung und den Zustand der Schule insgesamt?

In unserem Fall sind die Klassenräume ausreichend groß. Diese Schule ist alt, und ältere Schulgebäude verfügen in der Regel über größere Klassenräume. Neuere Schulen haben häufig kleinere Räume. In dieser Hinsicht können wir uns also nicht beschweren, auch wenn wir die Forderung grundsätzlich unterstützen. Diese Schule wurde 1961 erbaut und seitdem kaum renoviert. Die Toiletten befinden sich beispielsweise in einem sehr schlechten Zustand – sie sind veraltet und stark beschädigt. Seit Jahren fordern wir ihre Sanierung, doch es geschieht nichts. Im vergangenen September fiel einer Lehrerin der Spülkasten einer Toilette auf die Schulter. Wäre er ihr auf den Kopf gefallen, hätte sie dabei ums Leben kommen können. Das sind die infrastrukturellen Probleme, mit denen wir konfrontiert sind. Auch die Fußböden müssen erneuert, die Turnhalle saniert und der Schulhof instandgesetzt werden, da dieser zahlreiche Schlaglöcher und Unebenheiten aufweist. Außerdem muss die Klimatisierung der Schulen dringend verbessert werden. All dies stellt eine Gefahr dar.

Und was sagt die Verwaltung zu den Infrastrukturproblemen?

Für ältere Schulen wurde angekündigt, Haushaltsmittel für Renovierungen bereitzustellen. Gestern wurde allerdings eine Liste der Schulen veröffentlicht, die saniert werden sollen – unsere Schule war nicht darunter. Dennoch scheint es, als wolle die Regierung tatsächlich mit den Maßnahmen beginnen.
Für Neubauten gab es unter der früheren linken Regierung ein Förderprogramm mit dem Namen „Edificant“, das dem Bau neuer Schulen diente. Nach dem Regierungswechsel wurde dieses Programm gestoppt. Nun wurde angekündigt, die Möglichkeit einer Wiederaufnahme zu prüfen.

Die vierte Forderung betrifft die Zahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse. Wie ist die derzeitige Situation?

Zurzeit gibt es in der Grundschule 25 Schülerinnen und Schüler pro Klasse. Vorgesehen ist eine Reduzierung auf 22. In der Sekundarstufe liegt die Klassenstärke derzeit bei 30 Schülerinnen und Schülern und könnte auf 25 gesenkt werden. Im der gymnasialen Oberstufe soll die derzeitige Obergrenze von 30 Schülerinnen und Schülern bestehen bleiben.

Wurde zugesagt, diese Verringerung tatsächlich umzusetzen?

Ja. Die Regierung hat erklärt, diese niedrigeren Klassenstärken bis spätestens zum Schuljahr 2029/2030 erreichen zu wollen. Es handelt sich also um einen Vierjahresplan. Allerdings weiß niemand, ob dieselbe Regierung nach den nächsten Regionalwahlen noch im Amt sein wird.

Fünfte Forderung: das Gehalt. Was verlangen die Gewerkschaften?

Wir fordern eine Gehaltserhöhung um 500 Euro pro Monat.

Innerhalb welchen Zeitraums?

Über mehrere Jahre hinweg. Die Bildungsverwaltung hat jedoch lediglich 200 Euro angeboten. Genau das haben zwei Gewerkschaften schließlich unterschrieben: eine Erhöhung um 200 Euro, verteilt auf drei Jahre. Aber das ist eine Mogelpackung.

Warum?

Weil sich diese 200 Euro folgendermaßen verteilen: 75 Euro im ersten Jahr, 75 Euro im zweiten Jahr und 50 Euro im dritten Jahr. Außerdem erfolgt keine Anpassung an die Inflation.

Wir haben erklärt, dass eine Erhöhung um lediglich 75 Euro zumindest einen Inflationsausgleich enthalten müsse. Das wurde jedoch abgelehnt. Letztlich fällt die tatsächliche Gehaltserhöhung daher äußerst gering aus – wirklich sehr gering. Seit 19 Jahren haben wir keine Gehaltserhöhung mehr erhalten.

In Valencia oder in ganz Spanien?

Nein, in der Autonomen Region Valencia. Auf staatlicher Ebene gibt es von Zeit zu Zeit kleinere Gehaltserhöhungen. Der spezifische Gehaltszuschlag der Autonomen Region Valencia ist jedoch seit 19 Jahren eingefroren. Die Verwaltung versucht immer wieder, dieses Thema in den Mittelpunkt zu stellen, damit die Öffentlichkeit denkt, es gehe uns ausschließlich ums Geld. Man möchte uns gegen die Bevölkerung ausspielen. Natürlich ist Geld wichtig: Miete, Hypothek, Lebensmittel oder Treibstoff kosten Geld. Aber darum allein geht es nicht. Es geht ebenso um all die anderen Forderungen, die wir bereits erläutert haben.

Eine weitere Forderung betrifft die Anerkennung der Bedeutung der valencianischen Sprache. Was wurde diesbezüglich angeboten?

Nichts. Alles bleibt unverändert. Die Regierung hat ein Gesetz mit dem Titel „Bildungsfreiheit“ verabschiedet. Sie verwendet den Begriff „Freiheit“ sehr gern. Nach diesem Gesetz sollen die Familien entscheiden, in welcher Sprache ihre Kinder unterrichtet werden. Wir sind jedoch der Ansicht, dass diese Entscheidung den Fachleuten im Bildungswesen überlassen werden sollte. Viele Familien können die Folgen dieser Entscheidung nicht vollständig einschätzen. Wir Lehrkräfte sind überzeugt, dass es für die Kinder umso besser ist, je mehr Sprachen sie beherrschen. Je mehr sprachliche und kulturelle Bildung, desto besser. Bei einer ausgewogenen Verteilung des Unterrichts – 50 % auf Spanisch (Kastilisch) und 50 % auf Valencianisch – könnten die Schülerinnen und Schüler am Ende dreisprachig werden: Spanisch, Valencianisch und Englisch.

Am 12. Juni 2026 legten die Gewerkschaften STEPV, CCOO und UGT ihren Mitgliedern die von der Regionalregierung vorgelegte Gesamteinigung zur Abstimmung vor.

Ja. Innerhalb nur eines Tages beteiligten sich 30.000 Lehrkräfte an einer Befragung. Das entspricht etwa 70 bis 75 % der gewerkschaftlich organisierten Lehrkräfte. 87 % lehnten die Vereinbarung ab. In der Autonomen Region Valencia gibt es rund 78.000 Lehrkräfte in der Primar- und Sekundarstufe. Die Abstimmung war daher durchaus repräsentativ. Die Mehrheit entschied sich dafür, den Streik vorübergehend auszusetzen.

Was erhoffen Sie sich von dieser vorübergehenden Aussetzung?

Der Streik ist ausgesetzt, nicht beendet. Im September und Oktober werden wir sehen, ob die Regierung ihre bisherigen Zusagen einhält und ob sie unseren Gehaltsforderungen entgegenkommt. Ich glaube, dass sie ihr Angebot noch verbessern wird. Die Regionalwahlen im Mai 2027 rücken immer näher, und dadurch wächst der Druck auf die Regierung. Viele Lehrkräfte wählen vermutlich genau diese Parteien, und Politiker reagieren gewöhnlich sehr sensibel auf Umfragen. Wenn sie feststellen, dass sie an Unterstützung verlieren, werden sie weitere Zugeständnisse machen.